REFORMAS ESTRUCTURALES Y PODER POLITICO

El repaso de lo vertido por los medios masivos de comunicación en sus editoriales y por muchos políticos argentinos parece mostrar una falta de comprensión con respecto a la relación necesaria entre las necesidades de reformas y el poder que para lograrlas es necesario.
Lo mismo ocurre con respecto a los modelos de país que se tienen como meta y los consensos que se pueden lograr.
Con mucha liviandad se ponen de ejemplo otros países, por el consenso logrado por las fuerzas políticas que sólo expresan matices dentro de un mismo modelo o por la escasa intervención del poder estatal, sin advertir que en nuestra querida argentina subsisten dos modelos desde tiempos remotos: una argentina para pocos, con una fuerte hegemonía de la clase dominante, que bien se refleja en aquella Argentina del centenario, en la que el poder político, económico y social tenía una visión y una ideología coincidente en las bondades del modelo primario exportador, gobernado por la mano invisible del mercado, y un estado mínimo cuidaba el respeto de la ley y el orden conservador haciendo caso omiso a las desigualdades económicas y sociales y al fraude
electoral.
Los dos grandes movimientos políticos del siglo XX, el radicalismo y peronismo cuestionan el orden establecido y ponen en la agenda política argentina la necesidad de reformas sustanciales y profundas para cambiar lo que ha sido llamado el orden conservador de la argentina del centenario.
Puestos en esta tarea se advierte que ese estado de cosas sólo se puede cambiar con una gran cuota de poder, cuestión esta que no es nueva ya que los regímenes presidencialistas que tuvieron la mayoría de los países latinoamericanos al momento de su institucionalización responde a la visón que existía en aquella época de la necesidad de un gran poder para logra las tareas que exigía la modernización de los nuevos estados reflejada en la famosa frase de Bolívar: “Nuestros países necesitan reyes con el nombre de presidentes”
Quienes cuestionan el poder del gobierno y lo instan a consensuar esconden primero: que nuestro país enfrenta una tarea ciclópea que es provocar un cambio estructural que termine de extirpar el modelo neoliberal iniciado con la pasada dictadura militar y profundizado durante la década menemista., y segundo: que no se puede concensuar cuando los modelos de país son tan distintos.
El bicentenario sorprende a nuestro país con una fuerte puja entre el modelo para pocos y la Argentina inclusiva, en la que se vuelve a poner en la agenda política el llamado empate histórico entre las fuerzas de los sectores dominantes y las fuerzas populares. Esta puja se libra en infinidad de planos: los derechos humanos, la independencia de la Corte Suprema de Justicia, el desendeudamiento del estado, la puesta en marcha de un modelo productivo distributivo, la estatización del sistema de jubilaciones, la democratización de la información y del crédito, etc.
El lograr la extirpación del orden neoliberal en una tarea muy dura y que requiere mucho poder ya que quienes se oponen a esto son los grupos más concentrados del poder económico y social de la Argentina, que monopolizaron la información durante años “pintando una realidad que no existía” o naturalizando la desigualdad “pobres siembre hubo” (Carlos Menem), a lo que se agrega que este sector de la sociedad, tiene un gran apetito de poder al extremo de mancharse las manos con sangre.
La construcción del poder popular requiere comenzar por la reconstrucción del poder del estado arrasado por el neoliberalismo.
Por último no hay que confundir poder con discrecionalidad o arbitrariedad o autoritarismo.
Para evitar esto hay que establecer reglas claras, que todos las acaten aún quienes las dictan y también mantenerlas, para que el poder no se degenere en discrecionalidad o autoritarismo se debe construir una fuerte institucionalidad, el desafió que debe asumir el gobierno es lograr la construcción de un fuerte poder popular institucional. Esta institucionalidad debe contemplar mecanismos de transparencia, de participación y control popular. La cultura política argentina hace difícil esto pero si no se avanza en este camino el costo es el desprestigio y la derrota electoral ya que la discrecionalidad es cada vez menos tolerada por amplios sectores de nuestra sociedad.

LOS BANCOS DEBEN ESTAR AL SERVICIO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

El Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social presentada por el Diputado Nacional del Partido Solidario Carlos Heller tiene una importancia fundamental para remover un gran escollo que tiene el modelo productivo distributivo que lleva adelante el gobierno nacional.
La actual ley de entidades financieras es la última ley de importancia que queda de la pasada dictadura militar en la que se implementó el modelo neoliberal que provocó la desarticulación de la industria argentina y puso como eje fundamental de la acumulación la valorización financiera, esta ley estuvo pensada para fortalecer ese modelo privilegiando el apoyo a los grandes grupos económicos y la ganancia financiera de los bancos.
En la actualidad miles de proyectos productivos no encuentran apoyo crediticio por escapan a la lógica de la actual ley de entidades financieras.
El proyecto de Carlos Heller propone un cambio fundamental ya que declara a la actividad financiera como un servicio público que debe democratizar el acceso al crédito, colocando la ganancia de los bancos en un segundo plano y que surge de una mayor competencia y de una mayor eficiencia en la prestación de los servicios.
Este proyecto no es un proyecto ingenuo que se queda en la mera enunciación de objetivos sino que con todo realismo le reasigna al Banco Central de la República Argentina un claro papel de regulador del crédito a partir de dar cumplimiento a la ley propuesta.
De ser aprobada esta ley significaría un apoyo concreto a las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo y el mayor volumen de inversión productiva, a lo que se agrega la extensión geográfica de los servicios financieros que comenzarán a llegar a regiones hoy olvidadas por los bancos.
Este cambio sin lugar a dudas va a significar un apoyo y una complementación a la política fiscal que lleva adelante el gobierno nacional que tiene por objetivo consolidar el modelo productivo distributivo actual, por lo tanto se va a fortalecer la tasa de crecimiento de la economía, la generación de puestos de trabajo y el desarrollo económico y social de nuestra querida Argentina.
Si bien esta ley introduce modificaciones en la carta orgánica del Banco Central sobre todo en la evaluación de las entidades financieras, a las que se les agrega a las relaciones técnicas hoy previstas, cuanto aportan las entidades a el desarrollo económico y social, la democratización de los servicios y la extensión geográfica de los mismos a regiones hoy que carecen o tienen una insuficiente prestación, queda claro que es necesario avanzar en la concreción de un Banco Central que por carta orgánica coordine la política monetaria y crediticia con el gobierno y contribuya al desarrollo y la generación de empleo.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: ¿PARA QUIENES?

Se toma como un precepto fundamental en una sociedad democrática la existencia de igualdad de oportunidades para todos los habitantes.
El liberalismo del siglo XIX transformó esto en igualdad ante la ley, protección de la propiedad privada y garantías individuales contra el poder político.
Esta forma de plasmar este concepto que tuvo su sentido en aquel momento, se ha cristalizado, su contexto fue la lucha contra la discrecionalidad del estado y las desigualdades instaurados por ley por una nobleza que se resistía a dejar sus privilegios, hoy se ha transformado en un escollo para lograr la igualdad de oportunidades.
En nuestra querida Argentina la violación de los derechos humanos e individuales por parte de la pasada dictadura militar, también le dio sentido a esta forma de interpretación que hizo el liberalismo, pero hoy esto debe ser interpretado como un piso para avanzar hacia una sociedad más justa que haga posible el ascenso social de los sectores que fueron empobrecidos por las políticas neoliberales del último cuarto del siglo XX.
Tenemos que comenzar a poner sobre la mesa de discusión si se puede hablar de igualdad de oportunidades: de los niños desnutridos que tienen afectada su inteligencia en forma irreversible, de los niños de hogares con padres analfabetos cuando esta probada la importancia del hogar en el desempeño escolar, de las poblaciones con alta morbilidad por las condiciones socioeconómicas en que viven, de los sectores que carecen del capital social necesario para emprender los proyectos que se proponen, de las olvidadas poblaciones del interior que no tienen un acceso fluido a los servios de salud, educación, agua potable, transporte y comunicaciones, financieros y muchos otros.
Es necesario avanzar en la construcción de una sociedad que garantice una existencia real de igualdad de oportunidades para todos y cado uno de los argentinos.
Para esto se necesitan políticas públicas concretas que vayan demoliendo una a una estas barreras y un estado fuerte, eficiente y participativo para que las ejecute.

POBREZA CERO: ¿ES POSIBLE EN ARGENTINA?

La renovada información de la caída continua de la población en situación de pobreza e indigencia en Argentina, desde octubre de 2002, tanto para las estimaciones oficiales como la privadas llevan a preguntarse si es posible erradicar la pobreza de Argentina.
El primer cálculo grueso es el del correspondiente al ingreso teórico por habitante que correspondería con un reparto equitativo (todos reciben lo mismo) y este arroja un cifra de 2.650 pesos por habitante por mes, lo que para una familia tipo representaría un ingreso de 10.600 pesos mensuales, cifra que supera todas las estimaciones de canasta familiar.
Si se reparte equitativamente no hay pobres.
La ideología neoliberal le asignó al mercado la función de distribuir el ingreso nacional, al mismo tiempo que “naturalizó este mecanismo”, esto significa en los hechos una delegación que hace la sociedad hacia una de sus instituciones, pero de ninguna manera este es un hecho natural o dado, la distribución del ingreso es uno de los hechos políticos por excelencia que se generan en el seno de toda sociedad.
Las usinas de pensamiento del neoliberalismo y los medios de difusión hegemónicos presentan al mercado como un óptimo asignador de recursos, cosa que ya esta demostrado que no es así.
Esta visión se completa con la mercantilización de la fuerza de trabajo desconectando las necesidades vitales de los trabajadores de sus remuneraciones generando la contradicción entre el criterio social y económico de asignar a los trabajadores un ingreso que le permita una vida digna y el criterio de mercado que determina el nivel salarial por la oferta y la demanda de trabajo, en la que esta crece menos que aquella por el avance tecnológico con la consiguiente caída del salario.
Este criterio de mercado se agrava con el hecho de que prescribe que el único ingreso del trabajador debe ser el salario. Así se llega a la paradoja de que existen recursos para que todos los habitantes de argentina tengan, desde un punto de vista aritmético, una vida digna y existan más de 6 millones de argentinos viviendo en la pobreza de los cuales 2 millones están en la indigencia.
La salida de esta incongruencia es política: la sociedad debe recuperar los criterios de distribución del ingreso para garantizar una vida digna a todos los argentinos, el mercado sólo debe aportar una parte en la determinación de los ingresos de los trabajadores, el salario debe ser también una parte de sus ingresos, la asignación universal por hijo es un ejemplo de este criterio político y social de determinación de los ingresos de los trabajadores.
Es necesario que la sociedad se reapropie por medio de la política de la definición de la distribución del ingreso, y que el mercado vuelva a ocupar sólo una porción de la economía, generando una institucionalización que permita la costrucción de una sociedad previsible.