82% MOVIL ¿SE PUEDE?

El debate encarado por la oposición sobre la necesidad instaurar para las jubilaciones nacionales el 82 % de la retribución sin producir modificaciones de fondo, ni sustentar su propuesta por medio de cálculos actuariales que demuestren su factibilidad es liviana y tiene un fuerte tinte oportunista.
Por otro lado se advierte la estrategia gradualista del gobierno por medio de aumentos periódicos que han descongelado la jubilación legada por Menem y no tacada por De la Rua.
Tal como está la situación el aumento de las jubilaciones más allá de la metodología fijada para los aumentos periódicos que se realizan, sin modificar el sistema actual, implica la liquidación del Fondo de Sustentabilidad del Sistema, lo cual es poco aconsejable ya que le quita un resguardo contra el ciclo económico.
En grandes números el sistema nacional con los nuevos niveles jubilatorios implica un gasto anual de 120 mil millones de pesos que se financiaría con 70 mil millones provenientes de los aportes y contribuciones y los restantes 50 mil millones provendrían de impuestos, entre lo que se encuentra el descuento que se le hace a la coparticipación de las provincias, descuento que para algunos sectores de la oposición no debería realizarse lo que implicaría un déficit automático del sistema previsional.
La propuesta de elevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo vital y móvil implica un aumento en el gasto previsional de 30 mil millones y de ser llevada para todos los jubilados este aumento del gasto pasaría a 50 mil millones, con lo que en tres años se liquidaría el Fondo de Sustentabilidad del Sistema, ya que actualmente asciende a unos 150 mil millones de pesos.
En una mirada cortoplacista, inadecuada para este tipo de análisis, se puede sostener como una vía de financiamiento el achicar la evasión previsional que se puede estimar en 25 mil millones anuales y también se puede volver al nivel de contribuciones patronales anterior al menemismo, excluyendo la pequeña empresa, lo que podría permitir una recaudación de otros 25 mil millones, con lo que en el corto plazo se podría financiar este aumento.
No se puede dejar pasar por alto que tanto la reducción de la evasión como el aumento de las contribuciones patronales chocan contra intereses muy fuertes, como son los de agro en el primer caso y los grandes grupos económicos en el segundo.
Pero aún de lograrse esto significaría un parche ya que los sistemas previsionales deben ser pensados a largo plazo, es decir que deben ser sustentables en los próximos 50 a 100 años.
Las dificultades para financiar el sistema jubilatorio argentino no son ajenas a otros sistemas del mundo, el aumento de la esperanza de vida, la flexibilización de los regímenes laborales, el aumento de la desocupación por el cambio tecnológico y la tendencia a desmercantilizar el trabajo en las economías más progresistas hacen inviable el modelo jubilatorio solidario sostenido exclusivamente por aportes y contribuciones.
Es necesario pasar a un sistema de solidaridad en el que las necesidades de financiamientos se completen con recursos del tesoro nacional para lo cual es necesario pensar en una reforma impositiva que permita la implementación de un sistema más progresivo, lo que choca contra las ideas hegemónicas en esta materia, en nuestro país se ha tomado como una verdad revelada que la máxima alícuota en el impuesto a las ganancias no puede superar el 35% cuando en otros países desarrollados esta llega al 55%, por citar un solo ejemplo.
Si se avanza en este tipo de discusión se pueden suprimir los aportes y contribuciones y pasar a un sistema previsional exclusivamente financiado con impuestos, pero la condición es un sistema impositivo progresivo con un bajo nivel de evasión, con un Fondo de Resguardo anticíclico, al mismo tiempo que debe tener un carácter solidario con jubilaciones y pensiones acordes a un nivel de vida digna para la etapa etárea que cubre, con previsión para las contingencias que llevan a la jubilación o pensión anticipada y que cubra las necesidades de la tercera edad más allá de su historia laboral.
Un sistema así es un paso más en la solidaridad que implica el actual sistema de reparto en el que los trabajadores activos sostienen a los pasivos, implica la idea de que el conjunto de la sociedad sin distinciones financia un sistema previsional universal, en el que no hay lugar para los privilegios.
En definitiva, desde un punto de vista puramente técnico existen las condiciones para avanzar hacia el 82% móvil, con medidas de corto plazo primero, para avanzar hacia un sistema respaldado por cálculos actuariales asentados sobre proporciones de ingresos fiscales intangibles.
El problema es ideológico y político, ideológico ya que debe primar la idea de un derecho universal a la jubilación más allá de la historia laboral individual y político ya que supone avanzar en la distribución del ingreso a costa de los sectores opulentos de la sociedad.
¿Serán estos aspectos los que han llevado a la oposición a presentar proyectos técnicamente tan endebles?