LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y LEGISLADORES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El fracasado intento de aumentarse las remuneraciones por parte de legisladores y funcionarios del PE de la Provincia de Córdoba pone en la agenda un tema tocado tangencialmente.
¿Cuánto deben ganar los legisladores y los funcionarios?
Lo primero que habría que hacer es separar unos de otros.
La otra pregunta es ¿por que no levantó anta polvareda, las retribuciones a los jueces que son sustancialmente más altas que las de los primeros y que tienen un fórmula para continuar aumentando, y que no pagan el impuesto a las ganancias?
Por lo que se ve existe una percepción distinta por parte de la opinión pública de los merecimientos de unos y otros para estar bien pagos. Tampoco escapa que el tratamiento que le dio la prensa al tema también contribuyó a avivar el fuego.
Es un tema, que en general, irrita.
No escapa que mucho tiene que ver con el desprestigio que tienen los políticos en nuestro país, es lógico: ¿Para qué pagarle bien a quien no hace nada o es corrupto?
Si cristaliza esta última idea, y que por lo que pasó esta semana es el camino en curso, se avanza hacia una situación muy poco deseable.
Acaptar como lógico las bajas remuneraciones a legisladores, tiene como contrapartida que se acepta que los legisladores o tienen un pasar asegurado o tienen un costo de oportunidad muy bajo (desocupados, o mal remunerados) o implícitamente se acepta que se la “tienen que rebuscar de otra forma”, lo cual es nefasto.
El trabajo legislativo debe ser un trabajo de tiempo completo y una baja remuneración aleja a todos los que teniendo una inserción laboral, han logrado ingresos medios o altos en virtud a la calidad del mismo y no están dispuestos a completar sus ingresos de manera poco transparente.
Esto no es deseable, ya que se estaría induciendo a la marginación a la mayoría de la población, cuando de lo que se trata es de involucrar a la mayor cantidad de gente para que la política se enriquezca.
Es bueno tener en cuenta que la existencia de una dieta que remunere a los legisladores es una conquista de los que viven de su trabajo ya que de no existir esto no podrían ejercer la función de legislador o lo harían a tiempo parcial, ya que no pueden descuidar las actividades que les permiten obtener los ingresos necesarios para vivir.
Es necesario el aporte de todos los sectores sociales a la función política por excelencia: la legislativa.
Tampoco se puede caer en unas dietas que sean sideralmente más altas que los ingresos medios de los trabajadores, particularmente los del sector público.
Esto lleva a otra de las aristas del tema: ¿Por qué son tan bajos los ingresos de los empleados del sector público? Una parte se debe a la gran cantidad de empleados que engrosan la planta de personal no por su idoneidad o necesidad sino por los compromisos que adquieren los partidos para con sus militantes, los ejemplos más cercanos son De la Sota como gobernador con la gran avalancha de jubilaciones y reposición en el cargo de nuevos empleados y algo similar ocurrió con Juez como intendente de la ciudad de Córdoba, con el grave deterioro que significa esto para el capital humano del estado.
Desde un punto de vista técnico definidas la misiones y funciones que se proponen para la administración pública y la tecnología a utilizar se puede calcular con bastante precisión la demanda laboral por sector (cantidad de personas, conocimientos y habilidades), el primero en mostrar esto fue Carlos Marx que frente a cada tipo de trabajo establece la posibilidad de determinar las horas de trabajo socialmente necesarias.
La otra arista es que no alcanzan los ingresos del estado ya que desde la gestión de De la Sota existe un criterio regresivo por el que los sectores que más ganan y más tienen tributan proporcionalmente menos.
Si se atendieran estos dos aspectos los salarios de los empleados del sector público provincial podrán ser sustancialmente mayores, por lo que se podrían pagar dietas adecuadas que permitan que los sectores de ingresos medios y altos provenientes de su trabajo personal puedan incorporarse a la actividad legislativa con un costo de oportunidad razonable.
El caso de los funcionarios se disminuiría la irritación, también, si el salario medio del sector público fuera más alto, pero en su caso la determinación de los ingresos tiene la posibilidad de realiza un cálculo más preciso ya que su tarea tiene componentes políticos y técnicos, no es aconsejable un funcionario sin sentido político tanto en términos generales como partidarios, ni tampoco los conocimientos adecuados que le permitan comprender los temas que gestiona.
Esta situación pone a los funcionarios en condiciones de ser comparados con los gerentes y ejecutivos del sector privado, que no reciben sus remuneraciones por la generosidad de sus empleadores o accionistas, sino por que ven en ellos una capacidad que vale la pena retribuir, sin que esto sea aceptar los excesos vistos recientemente a nivel internacional con los directores de los bancos quebrados.
Esta comparación tendría que ser tan sólo referencial ya que no son iguales las lógicas del sector privado (maximizador de utilidades) con la del sector público (maximizador de bienestar social), pero es bueno tener en cuenta los conocimientos, habilidades y remuneraciones de uno y otro sector.
En los últimos años se ha producido un éxodo de personal capacitado del estado cansado de las bajas remuneraciones relativas. Esto se debió a que se perdió esta perspectiva.
¿Cómo empezar?
El comienzo en una democracia pasa por el empoderamiento de los ciudadanos, estos no deben desentenderse de la cosa pública, deben seguir la tarea de los legisladores y castigar a los partidos que llevan a candidatos que sólo levantan la mano como se lo ordenan, y por otro lado no deben resignarse a los malos servicios del estado, deben exigir buenas gestiones que obliguen a los funcionarios a lograr la eficiencia del estado.