Una de las formas más usadas para ejercer la hegemonía por parte de las clases dominantes es la naturalización de los procesos sociales, cuando estos no son producto de la naturaleza sino de la historia.
Historia en la que hay vencedores y vencidos, fuertes y débiles.
La mercantilización del trabajo es un caso de esto, el hecho que los trabajadores tengamos que vender nuestra fuerza laboral según las leyes de la oferta y la demanda como si fuera una mercancía más es una consecuencia de la etapa industrial del capitalismo bajo la óptica de la ideología liberal del siglo XIX.
En 1834 son abolidas completamente las instituciones que protegían a los pobres en Inglaterra dejando librados sus ingresos y por ende su subsistencia al nivel de los salarios, hasta ese momento existía la obligación del condado de proveer el equivalente al precio del pan según el tipo de familia.
Esta norma y otras similares provenían de la edad media, cuando conjuntamente con la monetización de la economía se comenzaba el proceso de mercantilización del trabajo y con este se advertía que el salario fluctuaba en torno a los ingresos necesarios para asegurar la subsistencia, podía ser menor o mayor.
El afianzamiento de la revolución industrial y la necesidad de generalizar una mano de obra barata que permita sostenerla y profundizarla lleva que en 1834 se deje librado el ingreso de los trabajadores en un ciento por ciento al salario.
De tras de esto, que no tiene nada de natural, está la idea de la organización que se da la sociedad, de cómo ésta logra la producción de los bienes y servicios que permiten su sostenimiento, al mismo tiempo que distribuye inequitativamente el esfuerzo. El trabajo asalariado resuelve al mismo tiempo estas dos cuestiones a favor de los sectores dominantes.
El estado de bienestar de la mano del constitucionalismo social cuestiona en los hechos esta forma de organización y pone límites a la mercantilización del trabajo, que con la ola neoliberal de los noventa se revierte este proceso al hacer hincapié en el costo laboral como cuestión fundamental para el crecimiento económico.
Institutos como el salario mínimo vital, el salario familiar y la asignación universal por hijo ponen un límite a esta mercantilización, y proponen otro abordaje: desde la necesidad de la subsistencia y la dignidad humana.
El espectacular avance tecnológico de las últimas décadas ha permitido el surgimiento de sociedades que desde el punto de vista económico son claramente excedentarias, lo que permite otro tipo de organización que distribuya con más equidad el esfuerzo.
Ideas como la renta ciudadana responden a esta lógica, en las sociedades democráticas progresistas se entiende que éstas deben asegurar la subsistencia de todos sus miembros brindándole un mínimo de ingresos que no corren la suerte de los vaivenes del nivel salarial, atados a los ciclos de la economía.
La discusión que se debe dar es que la subsistencia y la dignidad de los trabajadores no puede estar atada a los caprichos del mercado, y que el actual estadio tecnológico permite esto perfectamente salvo que prime una idea de una distribución extremadamente desigual del ingreso que genera la sociedad con su actividad económica.
Argentina se encuentra en condiciones, y de hecho lo está haciendo con el gobierno de los Kirchner, de lograr una organización que realice una distribución de los esfuerzos, de los distintos sectores sociales, con más equidad.
martes, 20 de julio de 2010
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